Reformas en general

Es lamentable comprobar cómo llegan las consecuencias de la mayoría absoluta reformista de Mariano-Mariano a nuestras orillas ciudadanas, como restos de un naufragio tras una tormenta que ninguno de nosotros hemos visto o presenciado.

Empezamos con una reforma de los calendarios festivos, que a nadie sorprendió, porque era algo que ya se había escuchado con anterioridad y que (incluso) nos parecía justo o razonable. Luego nos la colaron con la reforma laboral, aplaudida y jaleada por la patronal. Aquí me voy a detener un segundo porque quiero recordar que el Mariano y compañía dieron un plazo de tiempo concreto a sindicatos y patronal para llegar a un acuerdo en puntos clave sobre la mesa de los agentes sociales. Y hay que recordar también que ambos agentes dijeron que se habían puesto de acuerdo en muchas cosas, no en todo, pero sí en lo suficiente como para evitar que el gobierno impusiera cualquier reforma.

 

Lamentable espectáculo dieron los patronos cuando dijeron públicamente que cualquier reforma impuesta por el gobierno había de ser necesariamente mala, pero por la espalda, sobre la mesa de negociación, empezaban a negar la mayor, dejando los acuerdos conseguidos en papel mojado. Obviamente, esto solo se puede explicar si los patronos conocían el contenido de la reforma laboral que plantearía el gobierno escaso tiempo después de la finalización del plazo designado por Mariano-Mariano.

Ahora nos llegan unos nuevos vientos que presagian los huracanes del futuro. Ruíz-Gallardón, que es un tipo que habla muy bien y a quien yo no descartaría como futuro candidato a la Presidencia de este invento que somos como país, resulta que va a plantear una reforma de la reciente ley del aborto. Ya hablamos en su día de lo que nos parecía esta ley y tenía cosas buenas, como eliminar la necesidad de una justificación por parte de la mujer para abortar y cosas malas, como que las menores tuvieran la posibilidad de abortar sin contar en absoluto con el conocimiento de sus padres. Sin embargo, Ruíz-Gallardón plantea ahora una reforma de la ley destinada a proteger a las mujeres que pretenden ser madres, de manera que la “violencia de género estructural” existente en España (y que, obviamente, es consecuencia directa de la existencia de una ley del aborto tan permisiva con las díscolas mujeres) no les impida conseguir su largamente deseada meta de ser madres.

Da la sensación de que la gente de derechas piensa que la existencia de una ley obliga a su cumplimiento. Bueno, en realidad eso sí es cierto, porque hay leyes que prohíben el asesinato y hay que cumplirla para evitar ir a la cárcel. Sin embargo, esta ley (y otras muchas) se diferencia de la ley del aborto en que, esencialmente, la ley del aborto no está obligando a nadie a abortar. Dicho de otra manera, no contribuye a aumentar la “violencia de género estructural” contra las mujeres gestantes. Este concepto de “violencia de género estructural” es algo que me parece acertado sacar a colación en el Congreso de los Diputados, porque son precisamente ellos (utilizado de manera neutra) los que deben evitar que este concepto siga instalado en la sociedad española, particularmente en el sector de la patronal.

Sí, no se me ha ido la chabeta. El ministro habló a posteriori de las mujeres que sufren de este tipo de violencia, mencionando a aquellas mujeres inmigrantes que ven su preñez como un problema en general o a aquellas mujeres que, al quedarse embarazadas, temen perder su trabajo por esta causa o bien temen que las descarten como candidatas a un trabajo por la misma razón. Mi razonamiento es doble. Primero, cambiar la ley del aborto de manera que el derecho a abortar libremente quede reducido a la definición de la ley anterior (Ley Orgánica 9/1985) no va a promover que las mujeres sigan adelante con sus embarazos, de la misma manera que cerrar páginas web de enlaces no va a conseguir que se compren discos de Alejandro Sanz u otros. ¿Por qué? Pues porque antes tampoco ocurría, antes bien, las mujeres volverán a arriesgarse con procedimientos de dudosa calidad, llevados a cabo por “profesionales” más o menos decentes. Incluso puede que volvamos a viajar a Londres cuando sea necesario. Segundo, si lo que se pretende es promover que las embarazadas lleven a término sus fetos no natos, ¿qué necesidad hay de modificar la ley del aborto? ¿No sería más práctico desarrollar la ley de igualdad, de manera que las mujeres puedan optar por una baja por embarazo (previa al parto, que en muchas empresas ni se concede y, es más, se cambia por una baja por enfermedad típica) y una baja por maternidad (posterior al parto) suficientes como para que la madre se encuentre cómoda y relajada durante todo el proceso? ¿No sería mejor que los padres disfrutaran de un permiso de paternidad (posterior al parto) equivalente al de la madre, bien al mismo tiempo, bien alterno, para que pueda ocuparse de las tareas de cuidado del hijo y descargar así los hombros de la mujer? ¿No sería mejor que el estado se hiciera cargo de algunos de los gastos que le genera el hijo y su crianza a la unidad familiar? ¿No sería mejor, en definitiva, que, si se quiere potenciar la natalidad, que es lo que parece a primera vista, se elabore una ley completamente nueva, en la que se deje intacto el derecho de las que quieren abortar y se potencien los mecanismos que favorezcan a las mujeres que quieran llevar a término sus embarazos?

Pues no sería mejor, en opinión del ministro Ruíz-Gallardón. Y la mía a este respecto es que la intención del gobierno y la del ministro no es favorecer a las embarazadas, sino volver a la situación de la prevista en la ley 9/1985. Esto es coherente con la ideología del gobierno en pleno y deja traslucir el entendimiento entre gobierno, PP y Conferencia Episcopal, que quedó de manifiesto en las manifestaciones contra la ley del aborto aprobada en 2009.

Probablemente, en opinión del ministro, del gobierno, del PP y de la Conferencia Episcopal, las mujeres de cierto nivel social, inferior en su mayor parte al de mujeres como de Cospedal o Sáenz de Santamaría, no deberían tener el derecho de decidir por sí mismas qué hacer con su vida, con su salud, con su trabajo y con la decisión de tener una familia. Es muy probable que prefieran que las mujeres sean semi-autónomas, de manera que cuando tengan que decidir cuándo y cómo tener hijos, sea el estado el que, guiándolas con su benévola, pero firme, mano, las lleve a la meta que marque para ellas la ideología derechista-conservadora.

Lamentablemente, el paternalismo del estado está regresando a nuestras vidas y lo hace para quedarse. La reforma laboral ha definido la forma de relación social en el ámbito de nuestros puestos de trabajo: una relación en la que el patrón recibe el poder de decisión que se le ha arrebatado a los sindicatos (para lo que lo usaban) y en la que, por tanto el trabajador ni pierde ni gana (¿deberíamos entonces quejarnos por perder algo que nunca tuvimos?). Ahora, la reforma de la ley del aborto va a definir (una parte de) las decisiones vitales que una mujer puede tomar al respecto de su propio cuerpo. Otra vez, la mujer debe ceder los únicos derechos que le deberían ser considerados inalienables (tal como se le reconocen al varón), que son las decisiones que afectan a su salud y al uso de su propio cuerpo, que es patrimonio exclusivamente suyo. Si una mujer desea tener un hijo, le está prestando al no nato su cuerpo durante nueve meses, hasta que éste es capaz de sobrevivir por sí solo sin necesitar estar unido a su madre por el cordón umbilical. Si una mujer desea interrumpir su embarazo, por la razón que sea, el estado debe garantizar este derecho, porque es su obligación para con esa mujer, que es ciudadana del estado. Y si una mujer decide continuar con el embarazo hasta llegar a término, el estado debe garantizar que no se la discriminará por ello, porque es su obligación para con la mujer, su ciudadana, y para con el no nato, su futuro ciudadano.

Y todo lo demás es fallarle a las ciudadanas. Aunque creo que esto es lo más habitual en los tiempos que corren.